Ecuador conoce su calor subterráneo desde hace más de cuarenta años y sabe, desde hace más de cincuenta, cómo se contrata y se financia la energía. Lo que nunca ha tenido es la hoja de papel que convierte ese calor en un activo financiable. Un abogado que ha pasado un cuarto de siglo en la mesa donde se firman los proyectos de energía del país explica por qué la geotermia ecuatoriana no es un problema de geología, y qué hace falta para que alguien —por fin— perfore.
Las preguntas decisivas rara vez se formulan en el orden en que la técnica las prefiere. Hace un par de años, en una sala de reuniones de una importante universidad de Quito, mientras se exponía un nuevo prospecto de generación geotermal, un ingeniero extranjero hizo la pregunta más importante que he escuchado sobre geotermia en Ecuador. No preguntó por la temperatura del reservorio, ni por la permeabilidad, ni por la curva de declinación. Preguntó: "Si perforo y encuentro lo que buscamos, ¿de quién es?"
Le respondí lo que un abogado honesto tenía que responder en ese momento: "Depende de cómo se lo mire, y de quién lo mire". Aquel proyecto no era geotérmico —todavía no había proyectos geotérmicos que negociar—, pero la pregunta se me quedó grabada. Contenía, sin proponérselo, toda la historia de por qué un país con uno de los gradientes térmicos más generosos de las Américas no ha generado todavía su primer megavatio con el calor de sus volcanes. Los recursos naturales no se convierten en riqueza por el hecho de existir; se convierten en riqueza cuando una sociedad decide, con precisión, a quién pertenecen y bajo qué condiciones.
Un país que ya sabe dónde está el calor
Conviene decirlo sin rodeos, porque demasiadas veces se olvida: Ecuador no necesita descubrir la geotermia. La descubrió hace décadas y no ha dejado de trabajar en ella. INECEL y OLADE recorrieron el país entre 1979 y 1980; el Instituto Nacional de Energía continuó la tarea en los años ochenta; CELEC EP llevó Chachimbiro y Chacana a prefactibilidad; el INER evaluó Baños de Cuenca; y el Instituto de Investigación Geológico y Energético custodia hoy el inventario nacional. Ahí están Chacana, Chachimbiro, Chalupas, Tufiño-Chiles. En 2017, el pozo exploratorio PEC-1 de Chachimbiro registró doscientos treinta y cinco grados centígrados (235 °C) a menos de dos mil metros (2.000 m). Cualquier geólogo del mundo reconoce esa cifra sin necesidad de traducción.
Ese acervo es real, es valioso y es obra de instituciones y profesionales ecuatorianos que merecen reconocimiento. Y, sin embargo, la primera turbina no existe. La paradoja es instructiva: el país ha resuelto la parte del problema que la naturaleza le planteó y ha dejado pendiente la parte que solo depende de él. Lo que nos falta no está bajo tierra ni en los archivos técnicos. Está sobre la mesa.
Lo que Ecuador ya sabe hacer
Antes de hablar de lo que falta, conviene recordar lo que el país ya tiene, porque es más de lo que suele admitirse, y porque las naciones, como las personas, tienden a subestimar las destrezas que han adquirido con dolor.
Ecuador tiene cincuenta años de contratos petroleros que aprendieron a repartir el riesgo exploratorio entre el Estado y el operador: bloques, exploración exclusiva, descubrimiento comercial, transición a la explotación, transferencia de derechos. Ninguna de esas figuras nació perfecta. Cada una se negoció, se litigó y se corrigió a lo largo de décadas, y hoy forman parte del oficio de cualquier abogado de energía del país.
Tiene treinta años de concesiones eléctricas y de contratos de compraventa de energía que los bancos aprendieron a descontar; centrales hidroeléctricas de cientos de megavatios financiadas y construidas con fabricantes alemanes, franceses, chinos, japoneses, italianos y brasileños; líneas de transmisión de 500 kV; un operador nacional y un regulador con experiencia acumulada. Tiene, incluso, la exótica ventaja de una economía dolarizada, que elimina de un plumazo el riesgo cambiario que en otros países ocupa la mitad de cada contrato.
Es decir: Ecuador sabe explorar bajo riesgo, sabe contratar generación y sabe financiarla. La geotermia es, en lo esencial, la intersección de esas dos experiencias. Lo único que nunca se ha hecho es reunirlas en un solo instrumento para el calor. La historia de la energía en este país no es la historia de una carencia, sino la de un ensamblaje que todavía no ocurre.
La geotermia, vista desde el otro lado de la mesa
He pasado veinticinco años sentado en el lado de la mesa donde se firma. Centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión, contratos con fabricantes de media docena de países, la privatización de la distribución eléctrica, litigios regulatorios petroleros. En ese tiempo he aprendido algo que no se enseña en ninguna facultad de ingeniería ni de derecho: un proyecto de energía no fracasa el día en que se agota el recurso. Fracasa el día en que alguien descubre que un derecho que creía tener no existe o no se puede transferir.
La geotermia lleva ese principio al extremo, y por eso me fascina. En una hidroeléctrica el río está a la vista y el ingeniero puede medir los caudales antes de que el banco pregunte nada. En geotermia, el reservorio se confirma con un pozo de varios millones de dólares. Alguien tiene que apostar antes de saber si hay algo. Y nadie —absolutamente nadie, en ningún país— apuesta ese dinero sin tres certezas: (1) que si encuentra el recurso podrá explotarlo; (2) que podrá vender o hipotecar ese derecho; y (3) que el Estado no cambiará las reglas a medio camino. El capital exploratorio es, por naturaleza, el más cobarde de todos los capitales; y con razón, porque es el único que se compromete antes de que exista la evidencia.
Por eso digo que, en Ecuador, el primer pozo geotérmico se perfora en una notaría. Antes que el taladro, tiene que existir el título.
Lo que todavía falta en la ley
Cuando un colega extranjero me pide que le explique el marco geotérmico ecuatoriano, le digo que es corto de leer. No porque sea sencillo, sino porque la geotermia, a diferencia del petróleo o de la electricidad, todavía no tiene un régimen propio.
No existe un título de exploración geotérmica. No existe la conversión del explorador en concesionario. El fluido geotérmico, para nuestra ley, es agua; y el agua, para nuestra ley, no se transfiere: se otorga por diez años y cede su turno ante el riego y el consumo humano. Trate usted de explicarle eso a un comité de crédito. Yo lo he intentado. Es un ejercicio de humildad nacional.
Tampoco existe un mecanismo que comparta el riesgo del primer pozo, que es la herramienta con la que Kenia, Chile o México terminaron de convencer a sus primeros inversionistas. Y sobre todo esto flota una realidad jurídica que cualquier abogado ecuatoriano conoce: la ley de aguas vigente sobrevive bajo una declaratoria de inconstitucionalidad; el reglamento de consulta ambiental fue anulado; una causal de delegación eléctrica fue anulada; y las leyes urgentes de este año acumulan demandas. Nada de esto se lee en los mapas geotérmicos. Pero es lo primero que, naturalmente, lee un banco. La incertidumbre jurídica tiene una propiedad singular: no necesita materializarse para cobrar su precio; basta con que sea verosímil.
Nada de lo anterior desmerece el trabajo hecho. Al contrario: los estudios existen precisamente para que alguien los use, y hoy no pueden usarse a plenitud porque el derecho que les daría valor comercial todavía no está escrito.
Por qué esto es una buena noticia
Y aquí está el giro que muchos no esperan: todo lo anterior me parece excelente.
Hay dos clases de problemas en el desarrollo de un recurso. Los que impone la naturaleza no se negocian: un reservorio frío es frío, y ninguna voluntad política lo calienta. Los que impone el hombre —las reglas, los datos, la asignación del riesgo— tienen la virtud de haber sido resueltos antes, en otros lugares y en otros sectores, por quienes se tomaron el trabajo de pensarlos. Ecuador, como acabo de describir, tiene esa experiencia de sobra. Su problema geotérmico pertenece, afortunadamente, a la segunda clase.
La ley geotérmica que Ecuador necesita no es una invención. Es, como suele decirse en nuestra casa, una ley de hidrocarburos aplicada inteligentemente a un recurso renovable. Bloque, exploración exclusiva, descubrimiento, derecho preferente, título transferible, cobertura del primer pozo. Cada pieza ya existe en alguna parte de nuestro ordenamiento; lo que nunca se ha hecho es ensamblarlas para el calor.
El detalle que separa una ley de una ilusión
Ahora bien, escribir esa ley es fácil. Escribirla para que sobreviva es otra cosa. Las leyes, como los tratados, no valen por lo que prometen sino por lo que resisten. Aquí es donde el oficio importa, y donde he visto naufragar más de un buen proyecto.
Una ley geotérmica que prometa "conversión automática" de la exploración a la explotación suena magnífica a un inversionista y quizá alarmante a la Corte Constitucional, que ya anuló una delegación abierta al sector privado en el sector eléctrico. La misma promesa, redactada como derecho preferente reglado con plazo perentorio, produce el mismo resultado financiero y resiste el control constitucional. La diferencia entre ambas no está en la ambición sino en la redacción; y en derecho, como en diplomacia, la redacción es la sustancia.
Una ley que cree un fondo con rentas propias nace inconstitucional; el mismo mecanismo, vestido de fideicomiso con capital multilateral, funciona y puede pilotearse incluso antes de que la ley exista. Una ley que se tramite por la vía urgente para ahorrar seis meses puede perder tres años en la Corte. La prisa, en materia legislativa, es la forma más costosa de la lentitud.
Son detalles. Pero la energía, como el derecho, es un oficio de detalles. Y un país que lleva cuatro décadas estudiando sus volcanes no puede permitirse tropezar en el último artículo.
Lo que viene
Últimamente me preguntan cuándo tendrá Ecuador su primer megavatio geotérmico. Mi respuesta es que la fecha no la fijará un geólogo. La fijará el día en que un explorador serio lea un título ecuatoriano, entienda exactamente qué tiene en la mano y decida que vale la pena apostar su primer pozo. Las transiciones energéticas, como los cambios de época, no se anuncian: se reconocen después, en el momento en que alguien decidió confiar.
Ese día está más cerca de lo que parece, porque el trabajo que falta es conocido, es delimitable y ya ha comenzado. Hay una ventana abierta en la nueva ley de aguas, que la Asamblea tiene la obligación de dictar. Hay una ventanilla única que hoy existe por decreto y que puede existir por ley. Hay prospectos con inversión pública previa que pueden abrirse a la asociatividad. Hay multilaterales que ya han financiado coberturas de primer pozo en la región y que buscan dónde hacerlo de nuevo.
Cada uno de esos pasos tiene nombre, oficina, plazo y contraparte. Los conozco. Y he aprendido, en veinticinco años de firmar al pie de proyectos que hoy generan buena parte de la electricidad del país, que las cosas grandes en Ecuador no empiezan con un anuncio. Empiezan con alguien que sabe exactamente qué hoja de papel falta, y se sienta a escribirla.
El calor está. Los estudios están. El taladro se consigue. Lo que hacía falta era la notaría.
Pedro J. Freile es abogado independiente y CEO de URKO° Energy. Ha actuado como negociador principal en operaciones de contratación y financiamiento energético por más de USD 6.000 millones con contrapartes de Ecuador, Canadá, Estados Unidos, Alemania, España, Suiza, Francia y China.